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Un delito sin castigo deja de ser delito - Editorial Gara

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05-08-2009

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobresee la causa contra Zaplana
Un delito sin castigo deja de ser delito

Editorial Gara


El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ordenó el lunes el sobreseimiento de la causa abierta contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otros tres altos cargos del PP por cohecho. El tribunal considera así que «no existe relación directa» entre el regalo de trajes y otros «agasajos» que pudieron recibir los imputados por el caso Gürtel y la adjudicación de contratos públicos a la empresa Orange Market. En otras palabras, los magistrados entienden que no se ha demostrado que exista una relación causa-efecto entre los «generosos» regalos y la obtención de contratos millonarios no menos «jugosos» por parte de la citada empresa.

Por sus muchas similitudes, este caso se identifica en Euskal Herria con el proceso que se siguió la pasada primavera en Iruñea contra Ignacio Galipienzo, alcalde de UPN en Eguesibar entre 1999 y 2003. En él se juzgaba la relación entre el llamativo incremento patrimonial de Galipienzo y la concesión de un licencia de obra para construir un aparthotel en una parcela destinada a uso escolar. Como ha ocurrido ahora con Camps, el edil salió indemne del proceso porque también se declaró como no acreditada la relación causa-efecto entre su «enriquecimiento» y la «suerte» de los empresarios. Pero si las similitudes son evidentes, la gran diferencia radica en que el caso Gürtel ha tenido una resonancia política y mediática sin precedentes, mientras que el de Galipienzo, como antes el de Cintruénigo y tantos otros, pasaron prácticamente desapercibidos.

El desenlace de estos procesos pone de manifiesto que las deficiencias del sistema jurídico-legal para perseguir el cohecho en el Estado español dejan a este delito, en la práctica, sin castigo alguno. Y, siguiendo un simple razonamiento lógico, si no hay castigo, no hay delito. Tanto en el «caso Gürtel» como en el «caso Galipienzo» a los jueces les faltan pruebas y a la opinión pública le sobran certezas. Unas certezas que son mezcla de estupor, indignación e impotencia y que conforman eso que se llama alarma social auténtica.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=89594
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